El sector de la conservación y explotación de infraestructuras (Acex) y el de la construcción (Seopan), han vuelto a reclamar al Gobierno que instaure un modelo de tarificación (peajes) de las infraestructuras para solucionar el déficit de inversión y su conservación.
La novedad en esta ocasión es que Acex y Seopan plantean, de forma abierta y sin tapujos, repartirse el pastel de los ingresos que se generarían con las distintas administraciones "a ver si éstas pican el anzuelo ya que las arcas públicas están tiesas y el déficit publico disparado gracias a la Covid-19" asegura la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). "Si algo hemos aprendido durante esta pandemia, es que los sectores productivos dependen del transporte de mercancías por carretera para acercar sus productos a los consumidores, al tiempo que se genera riqueza y empleo para la sociedad en su conjunto. Es precisamente por este motivo, por lo que consideramos que deben de ser el Estado y las comunidades autónomas quienes aporten los fondos presupuestarios suficientes para garantizar la existencia de una red viaria adecuada a las necesidades del país" afirman desde la CETM. Para la Confederación del Transporte, esta propuesta "nos parece disparatada desde el momento en el que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos y que sirven no sólo para pagar sobradamente por las infraestructuras que utilizamos, sino también para hacer frente a todo tipo de gastos corrientes como, entre otros, la educación y la sanidad". Las consecuencias de implantar nuevos peajes para el transporte "Además, estamos convencidos de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo" señalan en la CETM. En definitiva, la CETM considera que "ya es hora de que las carreteras sean consideradas un gasto social porque las infraestructuras viarias unen y acercan servicios fundamentales a los ciudadanos, como los centros sanitarios o educativos. Una red de carreteras bien planificada y financiada puede racionalizar el gasto público en servicios básicos". Para la Confederación de Transporte, la propuesta de Acex y Seopan forma parte "de una estrategia ligada exclusivamente a los intereses particulares de sectores afines al mundo de las concesiones y de la construcción de grandes infraestructuras y está encaminada a manipular tanto a la opinión pública como a la opinión publicada, pensando sólo en su propio beneficio". La CETM apuesta por que exista una voluntad política para volver a invertir en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, y así se lo ha hecho saber a los distintos gobiernos y responsables políticos a lo largo de la última década en la que, en su opinión "hemos visto mermadas y casi inexistentes las partidas presupuestarias destinadas a ello".